El modelo de Universidad liberal, que consolidó la Ley Avellaneda en 1885, evidenció grandes contradicciones con el proyecto que el peronismo impulsó desde el gobierno a partir de la segunda mitad de la década del ’40.
“Que una institución sea autónoma o autárquica no implica necesariamente que sea democráticas, porque son términos que no guardan relación” explicaba el propio Perón enarbolando un discurso que se vería plasmado en el primer Plan Quinquenal (1947-1951), que promovía una reorganización profunda de las universidades.
El proyecto de ley que buscaba la concreción de las normas que sostuvieran lo planteado en el Plan, establecía:
“a) Elección de autoridades de tal forma que no representen un criterio de oposición con los anhelos populares.”
Si el pueblo, de manera democrática, elegía a sus gobernantes, y en ellos consagraba un proyecto de gobierno determinado, ¿Por qué estaría la Universidad ajena a esa voluntad popular? ¿Por qué la correlación de fuerzas expresada en las elecciones no debería reflejarse en el ámbito universitario?
Esta era la base de un razonamiento que desde la pura lógica democrática entraba en contradicción con una de las banderas más defendidas por los reformistas del 18 que era la autonomía universitaria.
El peronismo, desde un modelo económico que abandonaba (¿o debería decirse superaba?) la concepción de una nación esencialmente agroexportadora, se plantaba frente a una Universidad que necesariamente debería enmarcarse en los carriles de este movimiento que venía a transformar importantes resortes de la vida social y económica de la Argentina.
Curiosamente, la bandera de la democracia pretendía ser enarbolada por un sector que custodiaba sus privilegios frente a un gobierno democráticamente electo con abrumador apoyo del voto popular.
“b) Incompatibilidad de la cátedra con otras actividades. Salvo los casos excepcionales de profesores extraordinarios de reputación conocida.
c) Retribución adecuada para la dedicación total de los profesores a la enseñanza.
d) Selección escrupulosa del profesorado universitario mediante oposición con pruebas públicas.”
La nueva Universidad reclamaba profesores dedicados a enseñar, a formar cuadros para las tareas que la Nación tenía por delante.
En un gobierno popular, que representaba los intereses de los trabajadores, no había lugar para quienes querían hacer de los claustros universitarios barricadas opositoras de resistencia ideológica, desoyendo la voluntad expresada en las urnas.
“f) Gratuidad de la enseñanza universitaria.
g) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio elevado de calificación en la primera enseñanza para ingresar en la segunda.
h) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio elevado de calificación en la segunda enseñanza para cursar estudios superiores.
i) Prohibición de ingreso en las enseñanzas superiores a quienes no hayan obtenido en la segunda enseñanza el promedio de calificación que se fije”
Si desde los defensores de la universidad liberal se pretendía sostener la democracia como principal bandera, estos cuatro puntos del proyecto constituirían una gruesa piedra en el zapato.
Lo que aquí se estaba atacando era ni más ni menos que la “herencia de sangre” que garantizaba el cumplimiento de una de las funciones fundamentales de la Universidad tradicional: la de formar cuadros dirigentes que tomaran la posta de la burocracia estatal.
Un aspecto que la Reforma del ’18 no había logrado modificar sustancialmente, y que si en algún momento había intentado o comenzado a hacerlo,
esos avances habían quedado reducidos a nada tras la caída del gobierno radical en 1930.
Lo que el proyecto proponía era medir según capacidades y no a partir de los linajes o de la cantidad de billetes sobre los que cada estudiante podía apoyar sus pretensiones.
El acceso de las clases humildes a la educación universitaria fue el correlato de la irrupción de la marea humana que metiendo las patas en la fuente de la Plaza de Mayo ingresó por derecho propio a la vida social del país.
Ese es el centro del debate y lo que realmente está en discusión: la Universidad como última barrera de un viejo país que viene a ser puesto cabeza abajo.
Para Marcela Pronko, confrontan dos modelos diferentes de universidad:
“Uno de larga data: el reformista; y otro, cuya partida de nacimiento fue la sanción misma de esta Ley (la 13.031), el Modelo de universidad peronista.
El debate que la autora plantea, es arduo y complejo, y excede al enfoque simplista del uno contra uno.
Como la propia historia del peronismo lo evidencia (y sobran ejemplos trágicos), la amplitud del movimiento contiene contradicciones propias, a veces menores o de forma, otras profundas y determinantes.
Los defensores de la universidad peronista, de un nuevo modelo de educación superior, partían de un diagnóstico único sobre el estado de las cosas: la universidad argentina no expresaba los cambios que la sociedad generaba a pasos de gigante.
La universidad, estaba de espaldas al pueblo y la intromisión de la política y el electoralismo corrompieron su esencia, permitiendo a la oligarquía enquistarse en su seno.
Sin embargo, desde este diagnóstico no todas las visiones eran coincidentes y el rico e histórico debate que se dio en la Cámara de Diputados así lo ha reflejado.
De “fracaso de la Reforma” hablaban unos y de “desviación de sus verdaderos ideales” hablaban otros, en una diferenciación que no era pequeña, pero que la magnitud de las tareas que se presentaban desplazó a un segundo plano.
La Universidad no puede oponerse al gobierno, según la concepción de quienes defendían la ley impulsada por el Poder Ejecutivo, y para sostener el argumento, nada mejor que someterse el simple designio de las más elementales normas de cualquier democracia: lo que las mayorías deciden deber acatarse por la sociedad entera.
Por eso dice Pronko que el problema de la autonomía “es para el peronismo un falso problema” ya que la autonomía debe ser entendida no para desviar a la Universidad de sus tareas principales, sino para decidir sobre cuestiones técnicas, docentes y científicas que son su razón de ser.
Hay un aspecto que cruza transversalmente todas las medidas impulsadas desde el gobierno peronista para la Universidad: es el de profundizar y hacer centro en la relación entre educación y trabajo.
Esa preocupación medular no se agota en la pretensión del slogan.
El análisis de la política educativa del gobierno peronista que gana las elecciones en febrero de 1946 no puede aislarse de las notables transformaciones sociales que se producen y que tienen un mismo origen y causa: la puesta en marcha de un plan integral de industrialización que incluía medidas de intensificación de la producción agrícola, promoción de la minería, protección y diversificación en el desarrollo de la industria nacional y fomento de la investigación científica, para garantizar la estabilidad y la independencia económica de la nación.
En este marco, una universidad comprometida con los intereses nacionales e integrada al nuevo rumbo económico era indispensable para formar los cuadros profesionales y dirigenciales que demandaba la hora.
La creación en 1948 de la Universidad Obrera Nacional es una muestra inequívoca de esta necesidad: una casa de altos dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, con el objeto de formar profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina.
Al egresado se le otorgaba el título de «ingeniero de fábrica» en las especialidades correspondientes.
En definitiva, y sin pretensión de dar por agotado el tema o por resuelto el interrogante que origina el presente trabajo, la Universidad Peronista es un concepto que excede el del momento histórico que lo originó.
Aparece como contradicción de un arquetipo institucional caduco y elitista, y se transforma, en un largo proceso de riquísimos acontecimientos sucedidos en estas décadas, en un modelo a construir y a defender.
La universidad peronista “es” y “debe ser”, porque las contradicciones que la originan y sobre las que surge, permanecen hasta nuestros días y obligan a dar permanente batalla entre quienes defienden al país de las oligarquías intocables y quienes optamos por dar pelea para seguir intentando construir una patria libre, justa y soberana.
